Nuevo Pliego Unificado para garantizar una transición energética

La iniciativa da continuidad al proceso iniciado el 1 de mayo de 2025, cuando el Colectivo presentó un primer pliego marco dirigido al Gobierno nacional y a las empresas mineras. Aquel documento reunió a diferentes organizaciones sindicales alrededor de una hoja de ruta común para enfrentar los impactos laborales, sociales, económicos y ambientales del cierre progresivo de las minas de carbón. 

El nuevo pliego convierte esa agenda general en una propuesta de negociación colectiva unificada y sectorial, con obligaciones, plazos y mecanismos de seguimiento para proteger a los trabajadores frente a cierres mineros, reducciones de operaciones, transformaciones empresariales y pérdida de empleos. 

Su planteamiento central es que la transición energética debe ser anticipada, concertada y construida con la participación efectiva de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Protección del empleo y reconversión laboral 

El documento propone que las empresas entreguen información suficiente y oportuna sobre cierres, proyecciones productivas, reducciones de personal, vacantes y transformaciones que puedan afectar el empleo. 

También plantea la creación de planes bipartitos de transición laboral, acordados entre empresas y sindicatos, para conservar puestos de trabajo, reubicar personal, evitar despidos y garantizar formación, seguridad social y acompañamiento a las personas afectadas. 

La reconversión laboral deberá vincularse con oportunidades reales de empleo, nuevas actividades productivas y labores de cierre, restauración, mantenimiento y postcierre. Antes de terminar contratos, las empresas deberán agotar alternativas como la reubicación, la formación, el traslado voluntario y la vinculación en otros proyectos. 

Los trabajadores afectados tendrán prioridad en las vacantes y en las actividades relacionadas con el cierre y la recuperación de las zonas intervenidas. 

Recursos para una Transición Energética Justa 

El pliego propone la creación de un Fondo para la Diversificación Económica y un Fondo de Transición Laboral del Sector Carbón, financiados por los empleadores. 

Estos recursos se destinarían a formación, continuidad temporal de la seguridad social, movilidad, orientación laboral, asistencia técnica, capital semilla y proyectos productivos para trabajadores, extrabajadores y territorios afectados por la transformación del sector. 

Protección social, pensional y de la salud 

Cuando la terminación de un contrato sea inevitable, la propuesta contempla garantías adicionales a los derechos legales y convencionales, entre ellas un auxilio de transición equivalente a quince salarios mensuales promedio y la continuidad de los aportes a salud y pensión durante doce meses. 

Las personas a quienes les falten tres años o menos para pensionarse tendrán prioridad para la reubicación y la reconversión. Si esto no fuera posible por el cierre total de una operación, las empresas asumirían las cotizaciones faltantes hasta por 36 meses. 

El pliego también establece medidas de estabilidad reforzada para personas con discapacidad o problemas de salud, trabajadores en procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral, personas con fuero sindical, mujeres embarazadas, personas en licencia parental y trabajadores con responsabilidades intensivas de cuidado. 

Asimismo, exige vigilancia epidemiológica y seguimiento posocupacional para las patologías relacionadas con la minería del carbón. 

Derechos para los trabajadores tercerizados 

La propuesta incorpora a los trabajadores tercerizados dentro de las garantías de la transición y plantea reducir progresivamente la tercerización en las actividades permanentes del proceso productivo. 

También exige igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, acceso equivalente a transporte, alimentación, instalaciones sanitarias, elementos de protección y formación en seguridad. 

En caso de cambio de contratista, deberán adoptarse medidas para preservar la continuidad laboral, la antigüedad, el salario y las condiciones de trabajo. 

Recuperación ambiental y desarrollo territorial 

El documento propone realizar estudios independientes sobre los impactos ambientales de la minería y las necesidades de reforestación, recuperación de ecosistemas, restauración de cuencas y mejoramiento de la calidad del aire y del agua. 

Las actividades de cierre y recuperación ambiental deberán contar con la participación de trabajadores, sindicatos y comunidades, y convertirse en oportunidades de empleo y desarrollo económico local. 

Con esta radicación, las organizaciones sindicales llaman a las empresas del sector carbón a instalar la negociación, entregar la información necesaria y construir soluciones verificables junto con los trabajadores. 

También solicitan al Gobierno nacional, a los ministerios competentes y a las autoridades territoriales garantizar la negociación colectiva y articular las políticas laborales, mineras, ambientales, sociales y productivas necesarias para una transición justa. 

CNV Internationaal, que acompañó la presentación del primer pliego en 2025, continúa respaldando el diálogo social y la participación efectiva de los trabajadores en las decisiones sobre el futuro del sector carbón y de los territorios mineros. 

Las organizaciones firmantes invitan a las autoridades, las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía a conocer y respaldar esta propuesta. 

¡La transición energética solo será justa si protege los derechos, la salud y el futuro de quienes han sostenido durante décadas la actividad minera y las economías de sus territorios!